Ni pacíficas ni legítimas, la verdad sobre las manifestaciones en Estados Unidos.
El Fiscal General de los Estados Unidos se pone del lado de la verdad en el congreso de la nación.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, respaldó la respuesta del Gobierno del presidente Donald Trump a las protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd, y defendió la actuación de la justicia en los casos contra los asesores presidenciales Roger Stone y Michael Flynn.
“Desde cuándo está bien intentar quemar un tribunal federal”, respondió Barr a los congresistas en su primera comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en la que también respondió a los cuestionamientos sobre el manejo de la pandemia.
Barr fue citado por los legisladores a testificar acerca de la actuación del Ejecutivo frente a las movilizaciones que han estremecido al país en las últimas semanas después de que Floyd muriera cuando era detenido por la policía en Mineápolis.
La audiencia, que se extendió durante más de cinco horas, estuvo marcada por choques entre el fiscal y los legisladores demócratas.
Las protestas, que han bajado en intensidad en ciudades como Nueva York o Washington DC, se mantienen en las calles de Portland (Oregón), a donde el Gobierno ha desplazado unidades federales para dispersarlas.
Trump ha amenazado además con aumentar la presencia federal en ciudades gobernadas por líderes demócratas, para atajar lo que ha descrito como un aumento de la criminalidad y la violencia.
MANIFESTANTES VIOLENTOS
El fiscal general se quejó de que tras la muerte de Floyd, “violentos alborotadores y anarquistas han secuestrado protestas legítimas para causar estragos y destrucción sin sentido en víctimas inocentes”.
Al plantar cara ante las críticas sobre la presencia policial federal en ciudades como Portland, Barr puntualizó que les preocupa que este problema “haga metástasis en todo el país”.
“En un lugar como Portland, donde no tenemos el apoyo del gobierno local, tenemos que tomar una posición y defender esta propiedad federal”, afirmó.
Barr calificó como “extremadamente irresponsable” los pedidos de quitarle fondos a la Policía.
“La demonización de la Policía no sólo es injusta e inconsistente con los principios de que todas las personas deben ser tratadas como individuos, sino que también es gravemente perjudicial para las comunidades en los centros urbanos”, alegó.